TDT DE PAGO

Las leyes sirven para garantizar el orden en una sociedad, así como para regular los derechos y las obligaciones de los ciudadanos que formamos parte de ella. A pesar de este supuesto, las leyes generalmente suscitan una cierta polémica en cuanto entran en vigor y, en ocasiones, cuando aún son un anteproyecto. Siempre dividen a la población y da igual los motivos por los cuales un gobierno las supone necesarias: una parte de la sociedad queda satisfecha, mientras que otra se dispone a iniciar una campaña en contra. Es imposible, pues, que un Gobierno legisle con el apoyo absoluto de los ciudadanos y un motivo fundamental es que en España impera un sistema de partidos que fragmenta a la población ideológicamente. Conclusión: siempre habrá quien esté descontento.

Veamos lo que sucede con la Ley de Comunicación Audiovisual. Se trata de una normativa polémica desde el principio que baraja la posibilidad de que las series de televisión se incluyan en el 5% de los ingresos que tienen que destinar las televisiones privadas al cine español y europeo. La ley incluye, además, la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, una serie de normas que regulen la publicidad en televisión y otras que garanticen el derecho a la información frente a situaciones de contratos de exclusividad. También refuerza los derechos de las personas con discapacidad, pretende regular la TDT de pago y, por último, apuesta por la interactividad, la Alta Definición y las nuevas tecnologías.

El anteproyecto ha sido ya aprobado por el Consejo de Ministros pero no es, ni muchísimo menos, algo definitivo. Ahora son los órganos preceptivos los que deben emitir en breve un informe que aclare todos y cada uno de los puntos básicos de esta ley, antes de ser remitida a las Cortes Generales para su debate y posterior aprobación.

Aunque la Ley de Comunicación Audiovisual tiene sus detractores (recordemos que la disconformidad política es algo inevitable), también es cierto que alberga una lógica funcional que beneficia a la mayoría de nuestra sociedad. En primer lugar, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales actuará como una autoridad independiente con capacidad sancionadora. Mediante su función principalmente reguladora, esta institución impedirá que el sector del audiovisual funcione sin ningún control. En segundo lugar, el hecho de que las televisiones destinen una pequeña parte de sus ingresos a las series de producción propia es algo muy positivo para nuestro país, dado que son el mayor éxito de la televisión comercial española y un producto de éxito internacional que se exporta con bastante éxito. Eso sin contar que los actores, directores, realizadores, guionistas y maquilladores que trabajan en las series de televisión son frecuentemente los mismos que en el cine. Finalmente, esta nueva ley apoya a los colectivos más vulnerables, es decir, a los menores y a los discapacitados.

La TDT de pago es, para mi entender, el tema que más me preocupa. El pasado día 17 de junio, el Ministerio de Industria presentó un proyecto de Real Decreto al Consejo Asesor de Telecomunicaciones (CATSI) por el que se autoriza la TDT de pago a todas las cadenas de televisión con más de un canal. Frente a esta decisión, la Ley de Comunicación Audiovisual tiene el objetivo de regular esta modalidad de TDT. Se encargará, en palabras de la vicepresidenta De la Vega, de vigilar “el derecho de los ciudadanos a tener una oferta en abierto gratuita, amplia, plural y que alcance a contenidos de alto interés general”. Dicho de otro modo: una gran parte de la programación habrá que pagarla, mientras que solamente la que se considere “de interés general” se emitirá en abierto.

El papel de esta ley respecto a la TDT me parece perfecto. Sin embargo, lo considero innecesario, pues lo más sensato sería no autorizar en ningún momento una televisión de pago salvo excepciones. Y ahora me pregunto: ¿qué es exactamente un “programa de interés general”?; ¿quién tiene el valor de determinar lo que nos interesa a los ciudadanos y lo que no?

Para mi entender, todo esto carece de sentido y gran parte de este sinsentido se debe a que el Gobierno no ha explicado con claridad absoluta lo que supone para nosotros, los ciudadanos, una TDT de pago. Así de buenas a primeras, nos supone dinero. Y puesto que ahora mismo no nos sobran precisamente los euros debido a la crisis en la que nos hemos visto envueltos sin comerlo ni beberlo, me declaro totalmente en contra de pagar un servicio supuestamente público. Es más, nos merecemos que dicho servicio sea, además de público, de calidad, puesto que dudo que los programas que nos ofrezcan de manera gratuita sean tan buenos y atractivos como aquellos que no se emitan en abierto. ¿Cómo sino van a conseguir que la gente desembolse dinero por una TDT extra si ésta no es mejor? Sinceramente, creo que ya pagamos hoy por hoy suficientes impuestos para que, precisamente ahora, se sume otro recibo más en nuestro buzón.

Llegados a este punto de la redacción, manifiesto en estas líneas mi oposición absoluta a la TDT de pago porque me parece injusta y desconsiderada para la gran mayoría de los españoles. Por otra parte, apoyo la nueva Ley de Comunicación Audiovisual. Creo que, al menos en parte, la existencia de un Consejo regulador en materia audiovisual es algo positivo y también me parece justo el deber de las televisiones privadas de invertir en las series españolas. Todas ellas merecen una inyección extraordinaria de capital para ser aún más competentes y para realizar producciones mucho más ambiciosas.